LA FUNCIÓN PÚBLICA… ¿FUNCIONA?

¿Porqué el tema del empleo público presenta tantos problemas?, ¿Qué justificación hay, que a pesar de que existen tantas normativas y regulaciones vigentes para fiscalizar todo lo relacionado al empleo público, este sea tan ineficiente, viciado e incongruente?, además ante todo el cuestionamiento anterior, ¿verdaderamente hay una satanización de la función pública?

A todas estas preguntas trataré de dar una respuesta lógica en la medida que se desarrolla el presente escrito, argumentando con situaciones  actuales que presentan a la función pública como un tema con muchas disparidades, el cual está caracterizado por irrespetar principios y en cierta compostura resulta paradójico.

No quiero dar cuerpo al desarrollo de mi ensayo si antes dar a conocer la definición de función pública que para efectos de este ensayo la definición expresa el contexto en el que se desarrollan las ideas; esta se entiende como todas aquellas articulaciones, llámense normas, políticas, procesos o especificaciones de derecho público, aplicado únicamente a los empleados del gobierno o administración central, para garantizar una administración pública profesional y reducir la corrupción

Al mismo tiempo, para los fines de este artículo la expresión función pública es equivalente a servicio civil, el cual estampa el marco normativo del empleo público donde se hará un énfasis para reprender cada inexactitud que presenta.

El tema de los salarios es prácticamente el más enfermo de la función pública, para el caso de nuestro país existen dos personas jurídicas responsables de regular los salarios y las compensaciones de acuerdo a la naturaleza de ellas, la parte descentralizada de las instituciones públicas están bajo la supervisión y dirección de la Contraloría General de la República, y la otra parte le corresponde a la Dirección Nacional de Servicio Civil, esto es en teoría, sin embargo en la práctica hay un desacato de ordenes e irrespeto a la autoridad ya que cada organización actúa conforme a las direcciones que emanan sus jerarcas.

En palabras del propio exministro de Hacienda Fernando Herrero “el tema estructural mas importante de las finanzas públicas es el empleo en el sector público” me resulta muy preocupante al leer en una publicación que hizo el diario La Nación, que una de las causas de los problemas que despliega el empleo público es el número de servidores en el gobierno central y las instituciones descentralizadas que aumentó desmedidamente desde el gobierno anterior, al punto de absorber una considerada cantidad de recursos disponibles que por ende disminuye la inversión en la satisfacción de necesidades sociales.

A lo anterior se le aúna el descontrolado multiplicador de los pluses salariales que representan un 67% más del salario base, según revela un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo, también la disparidad que existe entre los mismos puestos, con funciones similares pero en diferentes organizaciones y la cantidad que a mi criterio es exagerada, de beneficios a los funcionarios públicos. Como por ejemplo vacaciones pagadas, alimentación, permisos de maternidad, permisos de enfermedad, licencias para estudio, permisos de toda índole solo por mencionar algunos.   Según el análisis del Ministerio de Trabajo, que efectuaron con datos aportados por el Servicio Civil, beneficios como anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva permiten que el sueldo base aumente entre un 36% y un 148%.

Conjuntamente se han inventado una serie de incrementos salariales por cualquier motivo, ajustes por inflación, anualidades automáticas, escolaridad, dedicación exclusiva, pago de horas extraordinarias, suplementos salariales por “zonaje”, peligrosidad e insalubridad en ciertos trabajos o regiones, e incrementos salariales para compensar la denominada “deuda salarial acumulada”, como lo describe la editorial de La Nación en agosto de este año. Ya me resulta abusiva la actitud individualista, las exigencias de aquellos servidores públicos y la avaricia de los sindicatos que han perdido esa sensibilidad por las finanzas públicas y asimismo ese principio de probidad que debe distinguir, seguir y respetar  todo funcionario del Estado, el dinero y el beneficio individual ha ido capitalizando la mente y el actuar de la función pública de tal forma que el servicio civil esta divorciada de la eficiencia, eficacia y transparencia a la que se debe.

Para tocar el temas de las compensaciones, a mi me parece “estúpido” que a un funcionario público lo remuneren por hacer bien su trabajo, cuando esa es su obligación y no es un extra que ofrece, a tal mediocridad han llegado algunas organizaciones que compensan a sus empleados por lo anteriormente dicho, en principio se ha evidenciado que los procesos de evaluación del desempeño individual son los más inútiles que existen, donde a leguas se nota que el desempeño de determinado personal no es excelente o muy bueno como siempre lo  resalta un proceso de evaluación, sé que no hay que generalizar, pero con solo que suceda esto en una institución ya es un extremo porque es un asalto a las finanzas públicas y esto sucede en más de una desdichadamente.

La ley establece y es clara cuando dice que el empleo público no se negocia, no pueden haber contratos individuales de trabajo, ni si quiera caben las convenciones colectivas a excepción de si existe algún sindicato, sin embargo, no se está respetando lo promulgado, de verdad que la avaricia está pasándole por encima a las normativas vigentes, porque actualmente el Ministerio de Educación quiere negociar un contrato de trabajo, mediante convenciones colectivas, esto es echar marcha atrás, estamos retrocediendo, promocionando y aprobando cuanto beneficio se solicite, estamos volviendo a la época del Estado Paternal, y ya los insumos con los que contamos no dan para tanto.

Pero, ¿Qué se puede hacer para contrarrestar todo lo mencionado líneas arriba? En palabras del Dr. Mauro Murillo, la situación que sufre actualmente el empleo público en Costa Rica tienen problemas desde su origen, es decir, nace contaminada y ¿Por qué? Porque el derecho laboral que rige esta materia esta totalmente mal hecha, no se produce una doctrina, no hay una legislación apropiada para garantizar una seguridad jurídica de la función pública.

De hecho, si existe una satanización de la función pública, por principio se percibe al empleado público como un “vago, inútil y corrupto” esto es un paradigma que se debe romper con base en valores, calidad de trabajo y transparencia, la visión de los funcionarios como trabajadores privilegiados, forma parte del imaginario popular.

No obstante, existen serios obstáculos que enfrentar para mejorar la calidad de la función pública empezando por el más difícil de ellos: la actitud del tico, este se caracteriza por ser perezoso, chotero y conformista, tratar de cambiar esta personalidad popular del costarricense es muy complicado y si esto no cambia, las cosa pública estará siempre manchada por una cualidad nada atractiva de sus trabajadores, en segunda instancia, deriva de la antepuesta, los sindicatos, los cuales han tomado una fuerza extraordinaria por lo que es muy difícil negociar con ellos, son tercos y no dan el brazo a torcer  y como expresé anteriormente han perdido la sensibilidad por las finanzas públicas, según el Dr. Mauro, esta segunda causa es la principal. Y en ultima instancia pero no menos importante, encontramos la tolerancia que hemos desarrollado como sociedad civil y como gobierno, a todas aquellas huelgas, movimientos, paros, bloqueo de calles, entre otras manifestaciones. Esto no puede funcionar así, cada vez que se muestre disconforme un gremio acuden a movimientos de toda índole presentándole complicados problemas no solo a la Administración Pública, sino también a la sociedad.

Para finalizar, pienso que es necesario empezar a buscarle soluciones a estos problemas rápida e inteligentemente, al no existir un rector en esta materia, por muy retador que sea, una institución tiene que asumir esta gran responsabilidad, ya sean la Contraloría o la Autoridad Presupuestaria, esta debe ser fuerte y respaldada, coincido con el señor Murillo cuando dice que debe haber una doctrina de empleo público seria y congruente, que exprese al menos los principios generales de la función pública, que colme de seguridad jurídica   y eficacia de la administración, considerados por Francisco Longo como los principios de la base del servicio civil. Dicha ley debe partir de cero, poner en blanco y negro los principios  propios del empleo público, destacando su carácter no contractual, al mismo tiempo  se deben resolver la disparidad de los salarios, eliminar el exceso de beneficios y pluses salariales.

Primordialmente se debe inculcar y ejecutar el principio de probidad a toda aquella persona empleada en el sector público, la cual demuestre una conducta intachable, un desempeño óptimo de su función a cargo, con preminencia el bienestar general por encima del particular.

Cierro con esta frase que enrola la perspectiva moderna y disfuncional del empleo público, que enmarcada la visión apta para mejorar la selección y reclutamiento del personal, colmada de valores implícitos que son debidamente cualitativos del funcionario público:

“Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos”

Simón Bolívar (1783-1830)

 Referencias Bibliográficas

 Leitón, P. (5 de Marzo de 2012). Gobierno planea ordenar salarios del sector público. La Nación. Recuperado de http://www.nacion.com/2012-03-05/Economia/gobierno---planea-ordenar-salarios-del-sector--publico--.aspx

Ley de empleo público en el olvido. (30 de Julio de 2012). La Nación. Recuperado de http://www.nacion.com/2012-07-30/Opinion/ley-de-empleo-publico-en-el-olvido.aspx?Page=2

Loaiza, V. (12 de Marzo de 2012). Sueldos base del sector público se disparan por pluses salariales. La Nación. Recuperado de http://www.nacion.com/2012-03-12/ElPais/Sueldos-base-del-sector-publico-se-disparan-por-pluses-salariales.aspx

Mauro Murillo. (2012). Situación actual del empleo público en Costa Rica. Trabajo presentado en el auditorio de Ciencias Económicas. Agosto, San José, Costa Rica.

CLAD; NU. (2003). Carta iberoamericana de la función publica. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Publica y reforma del Estado., (págs. 3-31). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Nota: Material suministrado por el docente, Francisco Longo. (s.f). Capítulo 2.