LA CORRUPCIÓN Y EL RETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La concepción de la corrupción como un ciclo de malas acciones concebidas desde la moral o la ética, lo ilegal y lo ilegítimo constituye un tema del cual no se podrían determinar conclusiones relevantes en torno al estado actual de la administración pública costarricense. Cotidianamente la corrupción suele ser un punto a discutir, pero: ¿Qué conclusiones aplicables se logran para trabajar por el desarrollo del país? Se deben evitar las discusiones empíricas y sensacionalistas sobre la corrupción, emitiendo criterios que superen el análisis sobre su status quo.

 

No es el fin de este ensayo clasificar las causas de la corrupción, ya que la subjetividad de estas varía según el tiempo y el espacio social en el que se sitúe su análisis. Se debería entonces, para poder clasificar las razones de la corrupción, desprenderse en la conceptualización de lo moral, lo ético; referir necesariamente a varios clásicos, lo cual en lo práctico de la Administración Pública no generaría mayor utilidad. 

Compete, más bien, en este ensayo analizar la corrupción específicamente en el ámbito del desempeño en las funciones del servicio público, tomando como primera imagen la relación entre la corrupción con la democracia, esta última como sistema político en el que vivimos además, la influencia mutua que mantienen estos elementos. De igual forma, una breve anotación sobre el rol que desempeña la contratación administrativa en este espacio, llegando a concluir con el reto que a la administración pública atañe. Se finalizará analizando como este romance entre corrupción y democracia traza el camino en ruta del desarrollo del país. 

El fenómeno de la corrupción dentro de las administraciones públicas como la usurpación de bienes o medios de carácter público, de todos, para satisfacer un beneficio individual, es abordado por varias disciplinas y diversos autores. Salazar (2004) también expone que los actos corruptos se caracterizan en que: “Implican un deber posicional, es decir, evidencian una deslealtad hacia las disposiciones que violan y un desprecio a la función que se cumple.”  (pág. 7). Por lo tanto, la corrupción no es un hecho invisible, se hace palpable en la consecución de actos de una persona, en nuestro contexto, por un funcionario público.

Dado lo anterior, el problema se manifiesta cuando los funcionarios, encargados del asunto público, cuya función constituye “el servicio general o el agregado de medios y el sistema organizado para transmitir y hacer eficaz el impulso del gobierno y para regularizar las relaciones de la sociedad” (Serrano, 1997, pág. 11) se alejan de la idea de servicio a los demás, imponiendo sobre esta la búsqueda egoísta del bienestar propio.

Analizando lo anterior ¿cuál sería el motivo de convivir en una sociedad donde unos pocos sacan provecho de lo que es de todos?

Es en este punto donde nos cuestionamos ¿cuál es el papel de la democracia? considerando lo que Walter Montenegro (1993, pág. 77) menciona: Recordemos que la democracia, navegando entre conceptos jurídicos, políticos y éticos, se había ocupado para asegurar la proclamación y el ejercicio de derechos que se referían a la libertad, a la justicia igualitaria, a la anulación  de los privilegios de casta, etc.

Al alejarse la democracia de los valores como la justicia igualitaria y la anulación de privilegio, implícitos en su constitución, tal doctrina de ordenamiento político en medio de la sociedad costarricense; su aceptación como sistema político podría ser debatida cuando la población palpa cómo las clases jerárquicas  hacen gala de su poder en beneficio de los intereses que más les convienen.

En consecuencia, se desata un peligro inminente para la democracia, pero además, para la legitimidad necesaria del aparato estatal como un todo protector del interés público, en el cual, las administraciones públicas desempeñan un papel importante como propulsoras del Bienestar General.

La remisión del sistema democrático en comparación con el aumento de la corrupción (o al menos de su percepción en la opinión pública), no es un acontecimiento casual, sino más bien una relación de dependencia, dónde la falta de una estructura consolidada del sector público del país en temas jurídicos, sociales y económicos reafirma el agotamiento del sistema. De esta manera lo mencionan reiteradamente los participantes de la Mesa Redonda Sobre La Corrupción En Costa Rica (Fundación Friederich Ebert, 2002) y lo reafirma Israel Covarrubias cuando expresa que “La corrupción, cuando está conectada con la cuestión democrática, aparece, antes que nada, como una relación compleja que de igual modo involucra los ámbitos cultural, político, económico y social.”(Covarrubias, 2005, pág. 15).

Esta dependencia no permite desligar los conceptos de corrupción junto al de democracia, obligando a recapacitar sobre la construcción de la democracia de una forma más amplia. En consecuencia, es necesario crear nuevos espacios democráticos dónde sus formadores sean los ciudadanos activos, no sólo en los procesos electorales, sino en todo el quehacer de la administración pública, como fiscalizadores de la transparencia y calidad con la cual todos los servicios públicos deben ser brindados. De igual manera, deben ocuparse atentamente los medios de comunicación en la búsqueda de la veracidad de la información de interés público, desempeñando así el papel que les corresponde como elementos que pueden ser gran estímulo para el desarrollo de las democracias.

Desgraciadamente, estas esperanzas de acciones en pro del fortalecimiento del sistema democrático no son sencillas de materializar, al encontrarnos con un sistema legal que no empodera a la ciudadanía, ni a la investigación profesional por parte de los medios de comunicación hacia los acontecimientos cuya legalidad se encuentre dentro de la administración pública. Más adelante profundizaremos en búsqueda de acciones correctivas.

El crecimiento de la corrupción en las múltiples estructuras del gobierno no sólo ha tenido repercusiones en la pérdida de credibilidad y legitimidad en la clase política, sino que además, conlleva una manifestación en la cual, a razón de ilegitimidad (que salta a la luz a través de los actos corruptos) se da un fenómeno a lo largo de la sociedad civil de empezar a familiarizarse con estos actos, convirtiendo lo que antes era ilegitimo y legal, en ahora legítimo a pesar de ser ilegal. 

Tomando en cuenta lo anterior, es cómo los actos de corrupción pueden ingresar hondamente en el proceso de socialización de los y las ciudadanas costarricenses, donde cada día se aceptan más estos hechos, cuya cotidianidad de los actos motiva reproducirlos, en consecuencia, resultan generaciones que no considerarán los actos que en nuestro presente podemos considerar corruptos como tales; ya que su presencia constante a lo largo de su desarrollo personal provoca que no los consideren ajenos a la naturalidad dentro de las relaciones humanas.

La contratación administrativa no se encuentra exenta de entrar en la peligrosa corriente en la que se mueve la corrupción, al contrario, puede ser más vulnerable para esta, debido a las características de intercambio de mercancías, como actividad de tipo comercial que representa. En este sentido, el potencial de caer en actos de corrupción es mayor que en otros aspectos de la administración pública, debido a los intereses de carácter privado, tanto del empleado público como del representante de las operaciones de cualquier organización privada.

Es por lo tanto pertinente en la contratación administrativa prestar atención a los conceptos de democracia, dando ejemplo de: transparencia, procesos regulares, comportamiento uniforme en todo proceso de contratación administrativa; en los cuales impere siempre el compromiso de promover los intereses de las mayorías y no los personales, respetando estrictamente el marco legal que regula los procesos de contratación administrativa.

No se puede concebir una idea de desarrollo del país con una administración pública saturada de irregularidades que ilegitimen su función. Tampoco con actos corruptos, tanto en los mandos medios y altos, como en las funciones operativas de las organizaciones públicas que substraen al sistema democrático el sentido de confianza que tiempo atrás conservaba.  

             

La corrupción actúa y tiene sus secuelas a lo largo de los procesos productivos del país cuando ya una vez se impregna en el consciente colectivo costarricense, provocando el quebrantamiento de la efectividad en los procesos burocráticos. Seguidamente, los desacoples provocados afectan primordialmente el sector público, dado su carácter de público y de alta demanda, pero también en el sector privado, limitando así la capacidad en estos sectores de poder emprender acciones productivas que solucionen las necesidades de nuestra sociedad.  

Es momento de superar lo que apacigua un sistema político, que sin actos de corrupción sería sin duda diferente a lo que hoy en día se puede percibir de él. Unido a esto me permito referir las palabras del profesor Luis Enrique Gamboa: “¿A qué se le teme en la democracia? Uno de los viejos temores de la democracia radica en que llegue a ser usurpada por un tirano…” (Gamboa, 2007). Es por esta razón que en la administración pública sus profesionales no se pueden volver como tiranos, mucho menos tomar de manera liviana la tiranía de muchos al olvidarse de la razón de ser de la administración pública, al postergar el servicio a los demás por buscar su beneficio personal.

El deber, por lo tanto, es emprender los procesos democráticos, la participación ciudadana al proveer de información que revele la transparencia en las funciones de todo servidor público y así tener una regulación más allá de la legalidad, que llegue a la legitimidad de la administración pública, como principal herramienta de la puesta en marcha de las políticas públicas que buscan el bienestar general de la población. De igual forma, se debe trabajar en la parte legal que facilite la regulación efectiva y la rendición de cuentas a lo largo de las actividades de carácter público.

Multi-causal, así es el fenómeno de la corrupción, pero con respuestas a estas causas que convergen en una posible solución y esta es la responsabilidad. Es menester a cada funcionario, cada ente público, responder al problema de la corrupción con responsabilidad para actuar de la mejor manera según la competencia correspondiente. Como lo mencionó en su momento Albert Einstein: Ahora bien, lo valioso de nuestras instituciones, leyes y costumbres radica en que salen de la recta conciencia de innumerables individuos. Y es que toda reforma moral resulta impotente si no es asumida por individuos vivos, movidos por la responsabilidad. (Einstein, 1931, pág. 36).

Tomar esa responsabilidad con valor es lo necesario para poder preservar un sistema político que en otras latitudes del mundo desconocen en absoluto, la Democracia. Valor para buscar en toda labor la gobernabilidad, que suprimiría automáticamente la corrupción dentro de la administración pública.