DESAFÍOS DEL EMPLEO PÚBLICO EN COSTA RICA

El desarrollo de la sociedad costarricense demanda cada vez más buenos y mejores servicios, demanda más infraestructura, más tecnología, más inversión, más, más, más… pero, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? ¿será que están lo suficientemente preparados para responder a todas esas demandas? 

Nuestra sociedad se enfrenta todos los días a esta realidad: (breve descripción que quizá no aplique para todos, pero si para gran parte de ellos) funcionarios cansados, con grandes deficiencias, con perezas, comodidades desproporcionadas y desiguales respecto a los menos favorecidos; o inclusive, inseguridad del puesto que por toda su vida han tenido, que les llenaba de estabilidad y que hoy parece ser amenazado por la tendiente reducción del Estado y sus empresas. Funcionarios poco pensantes y poco innovadores, poco enérgicos y emprendedores. Trabajadores con una gran carga moral, social, legal en sus puestos de trabajo y con miles de ojos sobre su andar. 

Estas problemáticas exigen y amplían los parámetros de acción y organización de la Administración Pública actual; los retos y desafíos que se apegan al accionar de la función pública son muchos, y complicados.

En el presente texto, se desarrollarán tres de los desafíos más importantes a los que se enfrentan los funcionarios en su diario vivir, desafíos que abren paso a una lucha constante entre “ser y no ser”, entre el “Otro Generalizado” (Mead, 1990,  p. 186), entre rupturas de paradigmas manifiestos, luchas con la Jurisdicción Laboral y graves problemas de equilibrio en las necesidades, en el anhelado Bienestar General. Estos desafíos son los que impone la Imagen Pública, la cultura corrupta que emerge a los funcionarios públicos, y los conflictos con el Derecho de Empleo Público.

Al hablar de función pública hacemos referencia a aquel “sistema de empleo propio de una parte de los empleados públicos, aquellos que desempeñan funciones conectadas con el ejercicio de potestades públicas…” (Longo, 2004, p. 66), esa “parte del empleo público reguladas por normas de derecho público, diferentes a las leyes civiles o laborales que regulan el resto del trabajo por cuenta ajena de la sociedad” (p. 64). Y al mencionar al funcionario público, de la mano con el Lic. Mauro Murillo (2012), entiéndase aquel agente prestador de servicios de naturaleza pública, regidos por el Derecho Administrativo. 

Parafraseando a la Real Academia Española (2012), la imagen pública es comprendida como aquella representación o apariencia de un funcionario que influye en los rasgos que caracterizan ante la sociedad a personas y entidades. De los conceptos anteriormente expuestos sobresale la importancia de los tres desafíos de la Administración Pública actual. 

El primero de los desafíos, la Imagen Pública: ¿fetiche,[1] moral o ético?

La imagen personal de los funcionarios públicos juega un papel fundamental en el desarrollo laboral, su desenvolvimiento como personas moralmente aceptadas y dentro de la ética pública determinarán su permanencia o el declive de su carrera profesional. Muchas veces la imagen pública es utilizada como un objeto “fetiche” que maneja y trasciende la forma de actuar, marca la conciencia ética y moral de las personas.

Ese “ser  y actuar” es cuestionado por el Otro Generalizado: Es en la forma del otro generalizado que los procesos sociales influyen en la conducta de los individuos involucrados en ellos y que los llevan a cabo, es decir, que es en esa forma que la comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de sus miembros individuales, porque de esa manera el proceso o comunidad social entra, como factor determinante, en el pensamiento del individuo. (Mead, 1990, p. 185). Este otro generalizado actúa como un ente que coacciona el actuar de las personas por medio del pensamiento, dichas personas se mantienen dentro de ese estándar de comportamiento socialmente aceptado, para no romper la cotidianeidad[2] de la población, se reprimen por miedo a los efectos sociales; miedo a consecuencias, como la que sufrió la Ex viceministra de Juventud Karina Bolaños, quien fue destituida de su cargo por un video íntimo que circuló en las redes sociales. Cabe resaltar la importancia que ejercen los medios de comunicación como entes de difusión y transmisión  de la información a nivel nacional, donde no siempre la información es adecuada. Los funcionarios se determinan bajo esta perspectiva discreta y nula en el sentir de sus acciones, se atan a paradigmas de pensamiento, ataduras que llevan a comportamientos “rectos y decentes” impuestos por la moral antes que por la ética profesional. Para evidenciar esto, echemos un vistazo a la Ley General de Administración Pública, en su artículo 18, inciso 2, donde se establece prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del particular, así como lo que viole el orden público, la moral y las buenas costumbres. 

En este caso, la moral al ser un tema tan subjetivo, amplio, que trasciende el accionar de las personas, da potestad para que quede en manos de la sociedad y su objetividad el juzgar y manchar la imagen pública de los funcionarios. La fuerza que ejercen los grupos determina el “pensamiento” de las personas, en ocasiones se juzga y mancha una imagen personal y social por una realidad no aceptada mas no corrupta, o bien, corrupta pero si aceptada. Es por ello que la moral muchas veces pesa más que la ética profesional.

Otro de los desafíos es esa cultura corrupta que emerge en funcionarios cansados, con deficiencias, con perezas, con inseguridades, con comodidades, y con una línea tan delgada entre lo correcto y lo que no lo es, que trasciende las fronteras de la función pública; el dilema: ¿Servir o ser servidos? 

Funcionarios que se desempeñan en ambientes o climas organizacionales favorecen la corrupción (sin generalizar), tiñen de inseguridades el sistema le roban el compromiso con su trabajo a quienes recién se involucran en el campo; un ejemplo de esto, son los nuevos funcionarios proactivos y con ganas de trabajar que chocan con el sistema burocrático, que los marca y les impide desarrollarse organizacionalmente, y por el contrario, muchas veces les invita a buscar la salida más fácil y errada en la función pública, es decir, la corrupción. “Funcionarios como trabajadores privilegiados y poco productivos” (Longo, 2004,  p. 63) es la tipificación que invade a los funcionarios públicos; incentivos y más beneficios pero nada de servicios de calidad. Se da una “satanización de la función pública, un cartel de posibles candidatos corruptos” (Murillo, 2012), se victimiza e inutiliza a la gran mayoría de funcionarios que desean servir, se privilegia a quienes están por ser servidos, se exagera en sus beneficios, lo que ocasiona que se pierdan las ganas y el valor en la toma de decisiones. De la misma forma, el sistema utilitarista y cortoplacista  despoja de responsabilidades al trabajador público, lo envuelve en una entropía de  contubernio  y latrocinio. 

Por otro lado, el tema de los salarios es el punto de manifiesto de la interrogante anterior: ¿Servir o ser servidos? Hay quienes sí buscan ser servidos, quienes reciben sumas desproporcionadas en relación a su puesto de trabajo, y por otro lado, quienes no reciben salarios similares por puestos iguales. Los incentivos y beneficios cobran vida en el aumento de la desigualdad laboral, pese a que la Constitución Política, en su artículo 57, dice “todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. 

Entonces, ¿cómo vencer una cultura corrupta, que generaliza a toda la función pública? ¿Cómo romper con los paradigmas y prejuicios que nutren esta cultura? ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos?

La cultura corrupta conlleva grandes desventajas para los nuevos funcionarios públicos, es quizá el juego más duro en el cual se debe luchar contra ese sistema de dominación y exclusión, mediado todo con la corrupción. Y es que lo amplio del término “Función Pública" supone comportamientos de la fuerza de trabajo y sus respectivos resultados en las relaciones sociales, en la calidad de los servicios públicos, que nos llevan a dar un salto al tercer desafío la Legislación Laboral.

El tema del Derecho Laboral es un elemento fundamental en el logro de la eficiencia y eficacia en los servicios públicos. Según Lic. Murillo (2012) el gran problema inicia al derivarse el derecho de empleo público del derecho laboral. Sumado a esto, la ausencia de Doctrinas, y la falta de estudios al respecto marca una notable desventaja del país en legislación laboral. La Constitución Política al respecto es muy amplia, en el artículo 191, del capítulo de Servicio Civil, se dice que el “Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar le eficiencia en la administración”. Sin embargo, al analizar el régimen de servicio civil se establece una relación directa con el índice de percepción de la corrupción. ¿Dónde está el órgano rector en derecho laboral?  ¿Débil, desprotegido, con normas poco estables, obsoletas y sin sentido? Está perdido en el intento de equilibrar necesidades dentro de un “saco de tonteras e impresiones” (Murillo, 2012). 

La fuerza de los sindicatos es un gran promotor en el auge de derechos laborales, en su legitimidad, voluntad y capacidad para buscar los medios que “generen congruencia con los principios morales y públicos” (Murillo, 2012).  No obstante, al suponer un debilitamiento del servicio civil, no habrá sindicatos que salven y protejan a los funcionarios públicos, del régimen de competencia de las empresas privadas, con derechos comunes y bajo el dominio de un jefe no público sino privado. La búsqueda del bienestar general es un proceso complejo y un poco imposible, las desigualdades y formas de negociación dificultan mucho llegar a lograr ese enorme objetivo público. Sin embargo, si se aspira lograrlo algún día, la legislación debe ser clara y pertinente, abierta y no tan abstracta ni difícil de entender, debe educar a la población, enseñarle a confiar, a ser críticos con su nuevo Estado de bienes y servicios, así como no desmotivarlo con políticas de privatización, con cortes en el pensamiento real e innovador de las grandes mentes que se están formando y que quieren servir, que son el recurso humano que desde ahora se encuentra satanizado por una cultura de odio, desapego, y desconfianza que tiene la sociedad tica. El recurso humano es la parte más importante de la institución, son el pilar fundamental de acción de las organizaciones, pero esa parte indispensable necesita capacitaciones, mejores condiciones, y un verdadero equilibrio entre las necesidades tanto individuales como organizacionales, pero sobre todo, un equilibrio en el uso de fondos públicos. 

El sector público tiene desafíos que necesita superar, desafíos como los anteriormente expuestos: una imagen pública, que trasciende las fronteras entre lo medianamente aceptado y lo éticamente o profesionalmente requerido; una cultura corrupta, que sataniza a los nuevos funcionarios públicos, que bonifica todo intento por “salirse del saco”; por último, una legislación amplia en el tema, que reproduce un mismo sistema. Estos desafíos, pueden considerarse muy subjetivos y de poco fundamento teórico-crítico, más representan elementos que la misma sociedad ve como desafíos, que necesitan trabajarse para que la misma vuelva a creer, a confiar, y a mejorar la percepción de la función pública de nuestro país. 

Hay que romper paradigmas y marcar la diferencia, hay que ser originales e innovar así haya que pasar por encima del mundo, por encima de esas “Instituciones Sociales” que nos imponen coerción, hay que terminar con la tonta idea del “País más feliz del mundo”, y darnos cuenta de la gran desigualdad social que padecemos, de la gran pereza (Murillo, 2012) que sufre el tico, y que pese a ser tan “rajón” como decía Lic. Mauro no es capaz de poder implementar una política pública integral de rectoría del Servicio Civil así como tampoco es capaz de dejar los prejuicios y estigmas contra la función pública.

Bibliografía

Constitución Política de Costa Rica. (2006). El Servicio Civil. San José, Costa Rica, IJSA., artículo 57, pp 66.

Idoneos.com (2012). Fetiches. Recuperado en http://religionestribales.idoneos.com/index.php/Fetiche

La Nación, com. (2012). Presidenta destituye a Viceministra de juventud tras difusión de video íntimo. Recuperado en http://www.nacion.com/2012-07-30/ElPais/Presidenta-destituye-a-viceministra-de-Juventud-tras-difusion-de-video-intimo.aspx

Ley General de Administración Pública. (2012). Principios Generales.  San José, Costa Rica, Colección Editores S.A. articulo 18, pp 11.

Longo, F. (2004). Capítulo 2: Lo que el empleo público tiene diferente. La función pública. En: Merito y flexibilidad: La gestión de las personas en las organizaciones del sector público. Barcelona, Ediciones Paidós Ibéricas S.A. pp. 63-66 

Mead, G. (1990). La Persona III Parte: Espíritu, Persona y Sociedad. México, Paidós., pp. 185 a 186.

Murillo, M. (2012). Conferencia Empleo Público en Costa Rica.

Real Academia Española. (2012). Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=imagen%20p%C3%BAblica